jueves, 18 de septiembre de 2014

V Congreso europeo sobre Migrantes, Minorías Étnicas y Salud: Declaración de Granada


Un centenar de organizaciones internacionales piden proteger la salud de las personas más vulnerables en España.
Madrid, 16 de septiembre de 2014.- Las políticas de austeridad están afectando a los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad, y entre ellos, a las personas migrantes y las minorías étnicas. Ante esta evidencia, 100 entidades científicas, sanitarias y sociales de nivel español y europeo se han unido para apoyar la llamada "Declaración de Granada", texto surgido tras la celebración del V Congreso europeo sobre Migrantes, Minorías Étnicas y Salud en la ciudad andaluza.
En concreto, las entidades firmantes denuncian:
- El empeoramiento de las ya precarias condiciones de vida de este colectivo, con afectación a su salud, como consecuencia de las políticas de recortes.
- Su mayor sufrimiento de los recortes en servicios sanitarios y sociales, que han traído como consecuencia que en ocasiones no puedan ver cubiertas sus necesidades en salud física y mental
- La limitación de acceso a los sistemas sanitarios, con la excusa de la crisis económica, aun sin valorar el impacto económico -reducido- y social -enorme- que tienen estas medidas, como el Real Decreto Ley de exclusión sanitaria.
- Los largos periodos de detención de inmigrantes en instalaciones deficientes, como los CIE y el auge de la xenofobia detectado en algunos países europeos.
Representantes de las entidades firmantes de esta Declaración solicitaron el pasado mes de mayo una reunión a la ministra de Sanidad, Ana Mato, para exponerle las conclusiones del Congreso; una petición que continúa todavía sin respuesta.
En el acto de presentación del texto y sus adhesiones, Carlos Artundo, director de la Escuela Andaluza de Salud Pública, ha exigido a los gobiernos europeos y la Comisión Europea que garanticen el derecho a la atención sanitaria de estos colectivos "como es su obligación" y ha hecho un llamamiento a revisar el Real Decreto Ley de 2012 y a acordar con los actores sociales, políticos y expertos en la materia las modificaciones a introducir en línea con esta "Declaración de Granada".
"Es una paradoja que el Gobierno proclame reiteradamente que su papel es cumplir y hacer cumplir las leyes y sin embargo las conculque sistemáticamente. La reforma sanitaria se hizo sin atender a los principios de equidad que establecen la propia Ley General de Sanidad y la Ley General de Salud Pública y en contra de la Carta Europea de Derechos Sociales", ha declarado Ildefonso Hernández, presidente de SESPAS.
"Aunque el gobierno niega que se estén produciendo casos de desatención sanitaria e incumplimiento de lo regulado en el propio RDL, en Médicos del Mundo recibimos cada día decenas de personas a las que les han tratado de cobrar la atención en urgencias, incluso embarazadas y menores de edad, o personas mayores con enfermedades crónicas que, incluso residiendo legalmente en España, no logran acceder a la atención sanitaria", recordó Beatriz Sagrado, de Médicos del Mundo.

Adhesiones
La Declaración ha cosechado ya un centenar de adhesiones de organizaciones e instituciones internacionales. Entre las más relevantes se encuentran sociedades científicas españolas como SESPAS, SEE, SESA, SEEP, AEN, AEC o SEMFyC; Organizaciones No Gubernamentales como Médicos del Mundo (y su red internacional), Red Acoge, CEAR, FADSP, Fundación Secretariado gitano y movimientos como Yo Sí Sanidad Universal; organizaciones profesionales y sociedades científicas europeas (EUPHA, EPHA, Sociedad Francesa de Salud Pública, Asociación Médica Panhellénica, Real Colegio de Enfermeras del Reino Unido, Red Europea de Médicos residentes en salud pública) y entidades de la sociedad civil europea (Consejo Europeo de Refugiados y Exilados, Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos, Instituto Europeo de Salud de la Mujer, Red Europea contra el Racismo, Red Europea de mujeres emigrantes, Centro Europeo de Derechos de la Población Gitana, Federación Belga de Maisons Médicales), junto a instituciones académicas, como las universidades de Lausanne, Sevilla, Glasgow, Pécs, Gothenburg, Granada y Copenhague, sin olvidar organismos internacionales (Organización Internacional para las migraciones, Federación Internacional de Estudiantes de Medicina, Asociación Internacional de Servicios Públicos).
Contexto:
La manera en que la crisis económicas afecta a la salud de la población depende de distintos factores, pero sobre todo de las respuestas políticas, que afectan a los determinantes sociales de la salud (condiciones de vida, de trabajo, acceso a los servicios). Mientras el mantenimiento de las políticas sociales actúa como factor protector, la disminución de la protección social afecta negativamente la salud.
Asimismo, las consecuencias negativas de las restricciones en la protección social son mayores para los ciudadanos en situación de vulnerabilidad social y económica, con mayores riesgos de empeorar su calidad de vida. Entre ellos se encuentra la población inmigrante (por ejemplo, la tasa de paro en la población general es del 26,3%, frente a un 35,7% en la de origen extranjero, según el INE, o las ganancias salariales medias brutas anuales de la población trabajadora inmigrantes es un 31,4% inferior a las de la población española. No obstante, las necesidades en salud y atención en salud de la población inmigrante son similares al resto de la población, e incluso en algunos aspectos sus condiciones de salud son mejores (por ejemplo, menor presencia de enfermedades crónicas o mejores hábitos saludables).
Los estudios consideran que, además de la exclusión de las personas en situación administrativa irregular de la atención sanitaria normalizada, la reducción actual en el gasto en salud conllevará a un aumento de barreras de acceso (administrativas, económicas, etc), tanto para la población en general, como la población inmigrante.
Los intervinientes han recordado que no hay ninguna evidencia científica que sustente la exclusión de las personas migrantes indocumentadas de la atención sanitaria. Por el contrario, es evidente que es necesario prestársela por razones de derechos humanos, salud pública, e incluso económicas.

lunes, 1 de septiembre de 2014

Carta a la Ministra de Sanidad en el segundo aniversario de la entrada en vigor del RDL 16/2012

Sra. Dª. Ana Mato Adrover
Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Paseo del Prado, 18
28071 Madrid

Madrid, 28 de agosto de 2014
Estimada Sra. Mato,
Amnistía Internacional, el Centro por los Derechos Económicos y Sociales, Médicos del Mundo y Red Acoge se ponen nuevamente en contacto con usted con motivo del segundo aniversario de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones (de ahora en adelante, el RDL).
En el marco de esta fecha, las organizaciones desean evidenciar el incumplimiento por parte del Estado y en concreto de su Ministerio, de las recomendaciones provenientes de diversos mecanismos de Naciones Unidas y del Consejo de Europa que han solicitado a las autoridades españolas la reforma del RDL y el acceso a la atención sanitaria para todas las personas sin ningún tipo de discriminación. Estos organismos han subrayado reiteradamente que las obligaciones jurídicamente vinculantes que España tiene en materia del derecho a la salud mantienen su vigencia
incluso en relación con las personas migrantes en situación administrativa irregular.
Estas recomendaciones, como Ud. bien sabe, se iniciaron en mayo de 2012, incluso antes de la entrada en vigor del RDL, cuando el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas recomendó a España que la reforma legislativa no limitase el acceso de las personas a los servicios de salud, cualquiera que fuese su situación legal, y pidió al Gobierno que evaluase el impacto de dicha reforma en los colectivos en situación de vulnerabilidad.
Por su parte, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia calificó en junio de 2013 la reforma sanitaria como “hecho lamentable”, y mostró su preocupación por la imposición de barreras económicas que pudieran tener como resultado la denegación de la asistencia sanitaria a las personas migrantes indocumentadas. Asimismo, insistió en que el Gobierno debía garantizar que todas las personas tengan acceso a los servicios de atención médica sea cual fuese su situación migratoria.
En abril de 2014, seis Relatores Especiales y Expertos Independientes de Naciones Unidas, liderados por la Relatora especial de extrema pobreza y derechos humanos, destacaron que la reforma sanitaria no estaba en consonancia con las obligaciones de derechos humanos que tiene España. La Relatora Especial realizó un llamamiento a las autoridades españolas a garantizar el acceso universal al derecho a la salud, recordó que las normas básicas de derechos humanos no pueden ser ignoradas por las presiones fiscales y pidió al Gobierno que mostrase un compromiso más significativo para la protección del derecho a la salud para todas las personas y que no ignorase las recomendaciones de diversos mecanismos de Naciones Unidas y del Consejo de Europa.
Asimismo, en enero de 2014, el Comité de Derechos Económicos y Sociales del Consejo de Europa destacó que el Real Decreto-Ley 16/2012 y el Real Decreto 1192/12 eran contrarios a la Carta Social Europea, de la cual España es Estado parte. También recordó que la crisis económica no podía servir de pretexto para una restricción en el acceso a la atención sanitaria, que afecta a la esencia de ese derecho.
La organizaciones que suscriben esta carta lamentan que, a pesar del consenso existente entre los organismos internacionales, y las peticiones reiteradas de reforma del RDL, su Ministerio no haya adoptado hasta la fecha ninguna de estas  recomendaciones y que por el contrario haya mantenido la implementación de la reforma legislativa que conduce a la exclusión sanitaria de las personas migrantes en situación administrativa irregular.
Las entidades lamentan la adopción de normas que profundizan esta exclusión, como es el caso de la Orden SSI/1475/2014, de 29 de julio, por la que se regula, en el ámbito del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, el contenido y procedimiento de suscripción del convenio especial de prestación de asistencia sanitaria, previsto en el Real Decreto 576/2013. Las organizaciones alertan de que el importe económico que se establece para suscribir el Convenio especial, podría constituir una barrera económica que ponga en peligro el acceso a la atención sanitaria de las de las personas en situación de mayor vulnerabilidad. En este sentido, las organizaciones recuerdan que los estándares internacionales sobre el derecho a la salud exigen la accesibilidad económica como uno de los elementos esenciales del derecho a la salud.
Además de imponer barreras económicas, en estos dos años de vigencia del RDL, el Gobierno no ha publicado un análisis del potencial efecto disuasorio que esta reforma sanitaria haya podido tener en el colectivo de las personas migrantes en situación administrativa irregular, ni tampoco ha analizado el posible efecto que ha tenido en la identificación de las mujeres víctimas de violencia de género y de trata. Asimismo, las organizaciones médicas siguen denunciando irregularidades en la aplicación del RDL, que consisten, entre otras cuestiones, en la facturación de la atención médica de urgencias, hecho que podría estar contribuyendo al mencionado efecto disuasorio.
Por último, las organizaciones valoran de manera positiva que en la última sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, celebrada en el mes de marzo de este año, España destacó su apoyo a los órganos de tratado de Naciones Unidas, y mencionó que el Gobierno enfrenta sus exámenes ante los órganos “como un diálogo constructivo para la mejor protección y promoción de los derechos humanos en España”. Asimismo el Gobierno destacó el “compromiso de España con el Consejo de Derechos Humanos1”, organismo del que dependen los Relatores especiales y Expertos Independientes de Naciones Unidas. Por otra parte, España suscribió una declaración conjunta con 37 países liderados por Dinamarca en la que se pedía un mayor progreso en el seguimiento e implementación de las recomendaciones de los procedimientos especiales de protección de derechos humanos de Naciones Unidas.
Amnistía Internacional, el Centro por los Derechos Económicos y Sociales, Médicos del Mundo y Red Acoge apelan a esta voluntad expresada por el Gobierno español y a sus obligaciones internacionales y le instan a reformar el RDL, asegurar la universalidad del derecho a la salud y garantizar de manera urgente el acceso a la atención sanitaria a las personas migrantes, independientemente de su situación legal.
Asimismo, las citadas organizaciones le solicitan mantener una reunión con el fin de abordar las serias preocupaciones incluidas en la presente carta. En los próximos días nos pondremos en contacto con usted para tratar de concertar una reunión o, en su caso, le agradeceríamos que contactasen con Amnistía Internacional, en el correo electrónico valvarez@es.amnesty.org o en el teléfono 91 310 12 77 ext. 54, si lo estiman pertinente.

Atentamente,
Esteban Beltrán, Director Sección Española de Amnistía Internacional
Mónica García, Directora Red Acoge
Elena Urdaneta, Coordinadora General Médicos del Mundo
Ignacio Saiz, Director Ejecutivo Center for Economic and Social Rights




jueves, 3 de julio de 2014

Médicos del Mundo y tres sociedades científicas denuncian que la próxima ley del aborto vulnera el derecho a decidir y atenta contra la igualdad y libertad de las mujeres


Madrid, 2 de julio de 2014.- Ante la posible aprobación en Consejo de Ministros del anteproyecto de la ley del aborto, Médicos del Mundo y las sociedades científico sanitarias que suscriben este comunicado insisten en su oposición a esta legislación que implica una merma de la autonomía, los derechos y la salud de las mujeres y es contraria a los compromisos internacionales en materia de derechos sexuales y reproductivos.
Por ello, los firmantes de este comunicado lucharán para que el proyecto de ley del aborto no llegue a ver la luz y solicita al Gobierno español, además de la retirada del texto legislativo, que garantice a las y los jóvenes el acceso a una educación afectivo-sexual que les permita tomar decisiones fundamentadas en la materia y que facilite a las mujeres acceso a métodos anticonceptivos modernos y seguros, incluyendo la anticoncepción de urgencia.
La norma impone además una demora de los tiempos que puede afectar negativamente a los plazos recomendables para un aborto seguro e incrementará la brecha de desigualdad social y económica: las mujeres con suficientes recursos económicos evitarán ese calvario y buscarán la forma de interrumpir su embarazo fuera de nuestro país, mientras que las mujeres sin recursos recurrirán a abortos inseguros o se verán obligadas a hacer frente a embarazos no deseados.
Las consecuencias negativas de esta norma, en el caso de que supere el trámite parlamentario, serán especialmente duras para las mujeres en situación de exclusión social, para las que sobreviven con rentas más bajas y para las inmigrantes sin acceso a la sanidad. Además de poner en peligro sus vidas, la norma las enfrentará a un clima de rechazo y estigmatización.
Desde su experiencia médico humanitaria, estas organizaciones quieren recordar que los abortos en condiciones de riesgo causan la muerte de casi 50.000 mujeres en el mundo, cada año y causan la invalidez temporal o permanente de otros 8 millones.
La interrupción legal del embarazo es una de las intervenciones más seguras en los países desarrollados (menos de 1 muerte por cada 100.000 intervenciones), mientras que los abortos inseguros implican un riesgo de muerte de 220 veces mayor.
A legislaciones más duras, más abortos
Hay evidencia de que el número de abortos inducidos es menor en los países que tienen una legislación liberal en comparación con los que mantienen una restrictiva. Por ejemplo, la tasa de aborto es de 29 por cada 1000 mujeres en edad de procrear en África y 32 por cada 1000 en América Latina, zonas donde la mayoría de las leyes prohíben esta práctica. Sin embargo, en Europa Occidental, donde las leyes relativas al aborto son generalmente más liberales, esta tasa es del 12 por 1000Dicho de otra manera, las leyes restrictivas de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo no consiguen reducir el número de abortos.
Además, con esta ley, España nadará contracorriente del contexto europeo, en el que todos los países europeos con excepción de Malta, Irlanda y Polonia cuentan con leyes de plazos o de supuestos. Un proyecto de ley que contradice las recomendaciones de los organismos de derechos humanos y es contrario a los compromisos internacionales suscritos por España ante Naciones Unidas, de los cuales tendrá que rendir cuentas ante la Asamblea General de Naciones Unidas el próximo mes de septiembre.
Por último, estas organizaciones exigen al ejecutivo la restitución del modelo sanitario universal vigente en nuestro país hasta la entrada en vigor de la reforma sanitaria, que deja al colectivo de mujeres inmigrantes en situación administrativa irregular en situación de especial vulnerabilidad.

viernes, 6 de junio de 2014

Entrevista a Anunciación Pérez, Presidenta saliente de la Junta Directiva

 Médicos del Mundo Aragón entrevistó a la Presidenta saliente para que nos cuente sus impresiones y experiencias sobre la labor que realizó en la organización.


 - ¿Cómo llegó Médicos del Mundo a tu vida?

De una forma bastante casual. Conocí a dos personas, socias de Médicos del Mundo, que tenían la intención de comenzar a desarrollar actividades en Aragón. Una de ellas era Antonio Pascual, que fue el primer presidente de Médicos del Mundo Aragón y la otra Marisol Monclús que, con permiso del resto de los socios y socias de esa ciudad, ha sido el "alma" de Médicos del Mundo en Huesca. Junto con Pilar García, ex presidenta de Médicos del Mundo Aragón y hoy secretaría general, y unas pocas personas más nos lanzamos al ilusionante proyecto de establecer la sede en Aragón.

- ¿Por qué decidiste presidir la junta de Médicos del Mundo?

Formaba, desde hacía ya tiempo, parte de la Junta Directiva de Médicos del Mundo Aragón y era necesario un relevo en la presidencia, de modo que me animé a asumirla.

- ¿Cómo funciona la junta?

La junta está formada por varias personas socias (en la actualidad la de Médicos del Mundo Aragón está integrada por 5 miembros) cada una de las cuales es la responsable de una de las vocalías que existen en cada sede (inclusión, movilización social, cooperación internacional, etc.)

- ¿Qué misión tiene?

La junta es el órgano de gobierno de la asociación correspondiente al territorio de la Comunidad Autónoma. Tiene como funciones gestionar y representar los intereses de la sede autonómica, conforme a las directrices determinadas por los órganos de gobierno y representación de la asociación. Entre otras tiene la función de elegir los distintos cargos que la componen, incluida la presidencia, que forma parte del Pleno estatal.

- ¿Recuerdas algún momento en especial que hayas tenido que superaren estos años?

He tenido mucha suerte y mucha colaboración por parte del resto de la junta directiva y del equipo técnico y no recuerdo ningún momento especialmente difícil durante estos años

- ¿Cuál es el valor más importante que destacarías de esta  organización?

Las amplias posibilidades de participación que ofrece a todas las personas que forman parte de ella, especialmente al voluntariado y al asociativo. Y en los últimos años la apuesta clara por la sensibilización, la movilización social y la denuncia e   incidencia política dirigida al cambio social.

- Si tuvieras que mejorar algo de la organización, ¿qué  mejorarías?

La comunicación, sobre todo la externa, creo que Médicos del Mundo ha ido adquiriendo a lo largo de todos sus años de existencia un prestigio en la sociedad derivado del trabajo bien hecho, pero aun tenemos problemas de confusión con otras organizaciones no gubernamentales y debemos intentar incrementar nuestras señas de identidad.

- ¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos de este cargo?

Lo que mas me ha gustado ha sido representar a un grupo de gente que trabaja con ilusión y de forma coordinada: voluntariado, miembros de la junta directiva y personal contratado. Siempre que he actuado en nombre de Médicos del Mundo Aragón, tanto en el ámbito externo como en el interno me he sentido orgullosa de ser la cabeza visible de una sede en la que se trabaja con rigor e ilusión. Ha sido todo un privilegio. En cuanto a lo que menos, en ocasiones, me ha resultado algo dura la tarea de portavocía y relación con las instituciones.

- ¿Podrías resumirnos estos siete años en cinco líneas?

Han sido siete años de trabajo en equipo, con el resto de los miembros de la junta directiva, del personal contratado y del voluntariado que han resultado muy enriquecedores para mi. Pienso que Médicos del Mundo Aragón ha crecido y mejorado durante estos años gracias al trabajo que muchas personas han llevado a cabo a lo largo de sus 18 años de existencia. Y me siento agradecida y satisfecha de haber podido poner mi granito de arena en ello.


De Aitana de Miguel.

viernes, 16 de mayo de 2014

La Plataforma Salud Universal informa sobre la atención sanitaria a la población inmigrante en Aragón

Derechos Humanos y Europa:
La asistencia sanitaria, como parte del derecho a la salud, es un derecho universal e igualitario reconocido por la Declaración de Derechos Humanos, algo que no ha respetado el RD 16/2012 que expulsó del sistema sanitario a las personas inmigrantes en situación irregular. Y esto no es algo que defienda solo nuestra plataforma, en una carta enviada al Gobierno en noviembre de 2013, que firmaban también diversos expertos de la ONU, estos decían al gobierno: "los cambios adoptados por el Gobierno de España en 2012, que reducen el acceso al sistema de salud pública, no cumplen con las obligaciones de derechos humanos del país”. Entre estos expertos se encontraba la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la pobreza extrema y los Derechos Humanos, Magdalena Sepúlveda que en abril de este año en el mismo sentido declaraba en Ginebra refiriéndose a la situación en el Estado Español: Los incidentes de los que me han informado, que resultan en la falta de tratamiento para migrantes pobres e indocumentados --u otras personas obligadas a pagar incluso si residen legalmente en el país-- son inaceptables” y añadía: "Ha llegado la hora de que el Gobierno de España cambie de rumbo”
El Gobierno respondió a la carta enviada por los expertos de la ONU, pero la relatora especial no está de acuerdo con sus argumentos. El Ministerio de Sanidad argumentó que el real decreto 12/2012 no es discriminatorio, puesto que trata la legalidad de residencia en el país y no el origen nacional. El departamento que dirige Ana Mato respondió asimismo que la atención sanitaria sigue siendo universal, pública y gratuita, algo que la ministra repite una y otra vez prácticamente en cada acto público o intervención en el Congreso. “Los principios básicos de derechos humanos no pueden ser ignorados a causa de las presiones fiscales”, asegura Sepúlveda, que además considera que el argumento de la residencia "refleja una percepción errónea del principio de no discriminación”.
El Consejo de Europa también juzgó ilegal en enero pasado la decisión de restringir el acceso a la atención médica gratuita a los inmigrantes en situación irregular. “La crisis no puede servir como pretexto para negar el acceso a la sanidad”, concluía su informe. Según este organismo, la decisión infringe la legislación europea de derechos humanos.


Puesta en marcha del Programa Aragonés de Protección Social de la Salud Pública:
A pesar de la puesta en marcha del Programa Aragonés de Protección Social de la Salud Pública, al que han accedido hasta la fecha 663  personas, un número muy reducido de personas inmigrantes si se compara con las 30.000 personas que según el Instituto Aragonés de Estadística perdieron la tarjera sanitaria como consecuencia de la entrada en vigor del RDL 16/2012 o de las 14.083 según el Consejero del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, la realidad es que la salud ha dejado de ser un derecho universal y se ha convertido en una medida de carácter graciable en forma de programa social, quedando además estas personas sin cobertura farmacéutica.

Prestación farmacéutica:
Son numerosas las familias con dificultades para hacer frente al gasto farmacéutico.  La situación se agrava por el alto coste de algunos de los tratamientos (50€, 246€, 350€ e incluso más) al tener que abonar el 100% de los mismos cuando anteriormente pagaban el 40% o incluso porcentajes inferiores, siendo inasumible por algunas  familias.
Las deficiencias en la política sanitaria y social hacen mella en estas familias empobrecidas y excluidas. Por una parte, han de asumir la pérdida del derecho a la asistencia sanitaria y el hecho de tener que abonar el coste total de la medicación. Por otra, las dificultades de acceso y retrasos en el pago de prestaciones sociales (IAI, AIF, AU) impiden que cuenten con ingresos para poder satisfacer sus necesidades básicas. Ambas situaciones se retroalimentan e impiden a las familias en situación de pobreza y exclusión con problemas de salud,  hacer frente al pago de la medicación que necesitan.
Por este motivo, la Plataforma Salud Universal solicita que se incluya en el Programa Aragonés de Protección Social de la Salud Pública, en virtud de la facultad de las Comunidades Autónomas de aprobar su cartera de servicios, la prestación farmacéutica a estas personas en las mismas condiciones que las personas aseguradas. 

Información deficiente en los Centros de salud:
La Administración debe facilitar el ejercicio de los derechos a los ciudadanos e informar con claridad y transparencia, sin trabas ni barreras administrativas, haciendo de la salud un derecho real y efectivo de las personas, objeto de tales normas que impida su “exclusión de la sanidad pública. En Aragón, la Plataforma ha constatado que cuando los extranjeros no asegurados acuden a los centros de salud demandando atención sanitaria, se les dice que no tienen derecho a ella, pero no se les informa de la existencia del Programa Aragonés de Protección Social de la Salud Pública o de la posibilidad de tramitar una tarjeta sanitaria por límite de ingresos si tenían permiso de residencia con anterioridad a la entrada en vigor del RDL 16/2012.

Facturación en Urgencias:
La administración sanitaria aragonesa obliga a firmar un compromiso de pago, sin concretar la cuantía de la deuda que deberá asumirse, a todas las personas que han perdido la tarjeta sanitaria y solicitan atención médica de urgencia, pese a que el RDL 16/2012 les reconoce el derecho a la asistencia sanitaria de urgencia en igualdad de condiciones que a los asegurados.

Casos concretos:
En Caspe se retiraron 210 tarjetas sanitarias y ninguna persona ha accedido al Programa Aragonés de Protección Social de la Salud Pública hasta la fecha. En La Almunia de Doña Godina se dieron de baja 419 tarjetas sanitarias y solo 3 personas han accedido al Programa Aragonés de Protección Social de la Salud Pública en un año.
También  llama la atención que en el Centro de Salud  Delicias Norte de Zaragoza se dieran de baja 487 tarjetas sanitarias y solo 38 personas hayan accedido al Programa Aragonés de Protección Social de la Salud Pública; o que en el Centro de Salud Actur Sur, donde se retiraron 88 tarjetas sanitarias, ninguna persona haya accedido al programa.
En cualquier caso, en ninguna zona sanitaria, la tasa de reposición, considerando el número de tarjetas sanitarias dadas de baja y el número de personas que han accedido al programa, supera el 20%.

Actitud del Consejero de Sanidad:
Desde la aprobación del Real Decreto en septiembre de 2012, se han dado de baja en Aragón 14.000 tarjetas sanitarias según el Servicio Aragonés de Salud y 31.000 tarjetas según el Instituto Aragonés de Estadística; un enigmático baile de cifras que no deja ver la realidad y que el consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, se ha negado a explicar, a pesar de que se le haya sido solicitado.
Por su parte el consejero ha declarado que el escaso acogimiento por parte de las personas inmigrantes en situación irregular al Programa Aragonés de Salud, viene provocado fundamentalmente porque "las entidades que representan al colectivo inmigrante no están colaborando suficientemente en la difusión del programa".
Desde la PSU queremos trasladar la indignación que nos ha generado estas declaraciones, en primer lugar porque desde un principio se han venido detectando numerosas deficiencias en la información facilitada desde la Administración, las cuales han sido reiteradamente señalados a la Directora General de Calidad y Atención al Usuario, Lourdes Rubio. Además, la PSU lleva desde el inicio del Programa colaborando en su difusión y aplicación, a pesar de nuestra disconformidad con el mismo y de que la obligación deba recaer sobre la Administración, que es la responsable directa de informar eficazmente a los usuarios a los cuales se les ha negado un derecho básico.
No obstante, cabe señalar que nuestra sorpresa e indignación no deberían ser tales si tenemos en cuenta que, desde la aprobación del Real Decreto, la PSU ha solicitado en numerosas ocasiones una reunión con el consejero, solicitudes que o bien han sido derivadas  a la dirección general citada, o bien ni siquiera se ha tomado la molestia en contestar.
En sus declaraciones, el consejero además señaló que el hecho de que haya personas que no cumplen los requisitos, hace que muchas no puedan acceder al Programa, requisitos que por cierto no piensa flexibilizar. Sin embargo, desde la PSU denunciamos que ha habido muchas personas que aun cumpliendo los requisitos para acceder al programa o incluso para mantener la tarjeta sanitaria se han quedado fuera del sistema.
Ante el reto que nos planteó el Consejero en sus declaraciones publicadas el 10 de abril en Heraldo Digital, procedemos a continuación a enumerar algunos ejemplos.

Trasplantes de órganos:
Podríamos comenzar por un caso general pero que nos parece especialmente preocupante. Las personas inmigrantes en situación irregular tienen extremadamente limitado el acceso a las listas de espera de recepción de órganos, esta solo se produce en caso de vida o muerte. Sin embargo se da la paradoja de que estas personas sí pueden ser donantes independientemente de su situación administrativa.

La diferencia entre el número de personas que perdieron la tarjeta sanitaria y el número de personas que han accedido al programa  se traduce en que en Aragón, muchas personas que necesitan atención médica no la reciben:
-SMD, senegalés de 44 años, reúne los requisitos para acceder al PAPSSP pero espera una respuesta desde julio de 2013. Entretanto no puede recibir asistencia sanitaria.
-LAG, mujer nicaragüense de 44 años, fue operada de un tumor en la garganta. No ha  recibido tratamiento de rehabilitación ni ha sido objeto de revisiones médicas desde hace dos años. Ni en el Centro de Salud ni en el hospital la informaron sobre las posibilidades de acceso al programa. Ha accedido al programa con el apoyo de Médicos del Mundo.
-CBA, colombiana de 73 años, sufre una cardiopatía y desde enero hasta abril de 2014 le denegaron la atención sanitaria en su centro de salud y no la informaron de la posibilidad de acceder al programa. Ha accedido al programa recientemente con el apoyo de Médicos del Mundo.
- A  MA, mujer dominicana de 50 años que sufre problemas de oído, se le denegó la tención sanitaria en su centro de salud por no tener tarjeta sanitaria y no la informaron de la posibilidad de acceder a través del PAPSSP.
Las personas referidas nos han autorizado para hablar de su caso a la prensa. Pero tenemos conocimiento de muchos más ejemplos de personas a las que necesitando atención sanitaria, no se les ha prestado:
-  mujer con cáncer de cuello de útero.
-  mujer operada de tiroides, sin revisión ni seguimiento de la medicación durante un año y medio.
-  mujer de 25 años que perdió la tarjeta sanitaria y tiene problemas en el hombro, no puede acceder a la al programa porque su madre, también en situación irregular, gana 600 euros mensuales en el servicio doméstico.
- Mujer de 37 años, asmática, sin tarjeta sanitaria desde 2012, no puede acceder al programa por tener el pasaporte caducado
- Mujer diabética de 53 años, con  cinco años en España, dos años sin revisiones. Ha estado dos años tomando su medicación  sin revisiones médicas.


MÁS INFORMACIÓN:


Sección de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Zaragoza
Teléfono 976204220



Sos Racismo Aragón                              Médicos del Mundo Aragón
Teléfono  692418104                             Teléfono 976404940