Sra. Dª. Ana Mato Adrover
Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad
Paseo del Prado, 18
28071 Madrid
Madrid, 28 de agosto de 2014
Estimada Sra. Mato,
Amnistía Internacional, el Centro por los Derechos Económicos y Sociales, Médicos
del Mundo y Red Acoge se ponen nuevamente en contacto con usted con
motivo del segundo aniversario de la entrada en vigor del Real Decreto Ley
16/2012 de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad
del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus
prestaciones (de ahora en adelante, el RDL).
En el marco de esta fecha, las organizaciones
desean evidenciar el incumplimiento por parte del Estado y en concreto de su
Ministerio, de las recomendaciones provenientes de diversos mecanismos de
Naciones Unidas y del Consejo de Europa que han solicitado a las autoridades españolas
la reforma del RDL y el acceso a la atención sanitaria para todas las personas
sin ningún tipo de discriminación. Estos organismos han subrayado
reiteradamente que las obligaciones jurídicamente vinculantes que España tiene
en materia del derecho a la salud mantienen su vigencia
incluso en relación con las personas
migrantes en situación administrativa irregular.
Estas recomendaciones, como Ud. bien sabe, se
iniciaron en mayo de 2012, incluso antes de la entrada en vigor del RDL, cuando
el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas
recomendó a España que la reforma legislativa no limitase el acceso de las personas
a los servicios de salud, cualquiera que fuese su situación legal, y pidió al
Gobierno que evaluase el impacto de dicha reforma en los colectivos en
situación de vulnerabilidad.
Por su parte, el Relator Especial de Naciones
Unidas sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial,
xenofobia y formas conexas de intolerancia calificó en junio de 2013 la reforma
sanitaria como “hecho lamentable”, y mostró su preocupación por la
imposición de barreras económicas que pudieran tener como resultado la
denegación de la asistencia sanitaria a las personas migrantes indocumentadas.
Asimismo, insistió en que el Gobierno debía garantizar que todas las personas
tengan acceso a los servicios de atención médica sea cual fuese su situación migratoria.
En abril de 2014, seis Relatores Especiales y
Expertos Independientes de Naciones Unidas, liderados por la Relatora especial
de extrema pobreza y derechos humanos, destacaron que la reforma sanitaria no
estaba en consonancia con las obligaciones de derechos humanos que tiene España.
La Relatora Especial realizó un llamamiento a las autoridades españolas a
garantizar el acceso universal al derecho a la salud, recordó que las normas
básicas de derechos humanos no pueden ser ignoradas por las presiones fiscales
y pidió al Gobierno que mostrase un compromiso más significativo para la
protección del derecho a la salud para todas las personas y que no ignorase las
recomendaciones de diversos mecanismos de Naciones Unidas y del Consejo de
Europa.
Asimismo, en enero de 2014, el Comité de
Derechos Económicos y Sociales del Consejo de Europa destacó que el Real
Decreto-Ley 16/2012 y el Real Decreto 1192/12 eran contrarios a la Carta Social
Europea, de la cual España es Estado parte. También recordó que la crisis
económica no podía servir de pretexto para una restricción en el acceso a la
atención sanitaria, que afecta a la esencia de ese derecho.
La organizaciones que suscriben esta carta
lamentan que, a pesar del consenso existente entre los organismos
internacionales, y las peticiones reiteradas de reforma del RDL, su Ministerio
no haya adoptado hasta la fecha ninguna de estas recomendaciones y que por el contrario haya
mantenido la implementación de la reforma legislativa que conduce a la
exclusión sanitaria de las personas migrantes en situación administrativa
irregular.
Las entidades lamentan la adopción de normas
que profundizan esta exclusión, como es el caso de la Orden SSI/1475/2014,
de 29 de julio, por la que se regula, en el ámbito del Instituto Nacional de Gestión
Sanitaria, el contenido y procedimiento de suscripción del convenio especial de
prestación de asistencia sanitaria, previsto en el Real Decreto 576/2013. Las
organizaciones alertan de que el importe económico que se establece para
suscribir el Convenio especial, podría constituir una barrera económica que
ponga en peligro el acceso a la atención sanitaria de las de las personas en situación
de mayor vulnerabilidad. En este sentido, las organizaciones recuerdan que los
estándares internacionales sobre el derecho a la salud exigen la accesibilidad
económica como uno de los elementos esenciales del derecho a la salud.
Además de imponer barreras económicas, en
estos dos años de vigencia del RDL, el Gobierno no ha publicado un análisis del
potencial efecto disuasorio que esta reforma sanitaria haya podido tener en el
colectivo de las personas migrantes en situación administrativa irregular, ni
tampoco ha analizado el posible efecto que ha tenido en la identificación de
las mujeres víctimas de violencia de género y de trata. Asimismo, las
organizaciones médicas siguen denunciando irregularidades en la aplicación del
RDL, que consisten, entre otras cuestiones, en la facturación de la atención
médica de urgencias, hecho que podría estar contribuyendo al mencionado efecto
disuasorio.
Por último, las organizaciones valoran de
manera positiva que en la última sesión del Consejo de Derechos Humanos de
Naciones Unidas, celebrada en el mes de marzo de este año, España destacó su
apoyo a los órganos de tratado de Naciones Unidas, y mencionó que el Gobierno
enfrenta sus exámenes ante los órganos “como un diálogo constructivo para la
mejor protección y promoción de los derechos humanos en España”. Asimismo
el Gobierno destacó el “compromiso de España con el Consejo de Derechos
Humanos1”, organismo del que dependen los Relatores especiales y Expertos
Independientes de Naciones Unidas. Por otra parte, España suscribió una
declaración conjunta con 37 países liderados por Dinamarca en la que se pedía
un mayor progreso en el seguimiento e implementación de las recomendaciones de
los procedimientos especiales de protección de derechos humanos de Naciones
Unidas.
Amnistía Internacional, el Centro por los Derechos Económicos y Sociales, Médicos
del Mundo y Red Acoge apelan a esta voluntad expresada por el
Gobierno español y a sus obligaciones internacionales y le instan a reformar el
RDL, asegurar la universalidad del derecho a la salud y garantizar de manera
urgente el acceso a la atención sanitaria a las personas migrantes, independientemente
de su situación legal.
Asimismo, las citadas organizaciones le
solicitan mantener una reunión con el fin de abordar las serias preocupaciones
incluidas en la presente carta. En los próximos días nos pondremos en contacto
con usted para tratar de concertar una reunión o, en su caso, le agradeceríamos
que contactasen con Amnistía Internacional, en el correo electrónico valvarez@es.amnesty.org o en el teléfono 91 310 12 77 ext. 54, si lo estiman pertinente.
Atentamente,
Esteban Beltrán, Director Sección Española de
Amnistía Internacional
Mónica García, Directora Red Acoge
Elena Urdaneta, Coordinadora General Médicos
del Mundo
Ignacio Saiz, Director Ejecutivo Center for
Economic and Social Rights
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