Emergencia en el Mediterráneo.

lunes, 1 de septiembre de 2014

Carta a la Ministra de Sanidad en el segundo aniversario de la entrada en vigor del RDL 16/2012

Sra. Dª. Ana Mato Adrover
Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Paseo del Prado, 18
28071 Madrid

Madrid, 28 de agosto de 2014
Estimada Sra. Mato,
Amnistía Internacional, el Centro por los Derechos Económicos y Sociales, Médicos del Mundo y Red Acoge se ponen nuevamente en contacto con usted con motivo del segundo aniversario de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones (de ahora en adelante, el RDL).
En el marco de esta fecha, las organizaciones desean evidenciar el incumplimiento por parte del Estado y en concreto de su Ministerio, de las recomendaciones provenientes de diversos mecanismos de Naciones Unidas y del Consejo de Europa que han solicitado a las autoridades españolas la reforma del RDL y el acceso a la atención sanitaria para todas las personas sin ningún tipo de discriminación. Estos organismos han subrayado reiteradamente que las obligaciones jurídicamente vinculantes que España tiene en materia del derecho a la salud mantienen su vigencia
incluso en relación con las personas migrantes en situación administrativa irregular.
Estas recomendaciones, como Ud. bien sabe, se iniciaron en mayo de 2012, incluso antes de la entrada en vigor del RDL, cuando el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas recomendó a España que la reforma legislativa no limitase el acceso de las personas a los servicios de salud, cualquiera que fuese su situación legal, y pidió al Gobierno que evaluase el impacto de dicha reforma en los colectivos en situación de vulnerabilidad.
Por su parte, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia calificó en junio de 2013 la reforma sanitaria como “hecho lamentable”, y mostró su preocupación por la imposición de barreras económicas que pudieran tener como resultado la denegación de la asistencia sanitaria a las personas migrantes indocumentadas. Asimismo, insistió en que el Gobierno debía garantizar que todas las personas tengan acceso a los servicios de atención médica sea cual fuese su situación migratoria.
En abril de 2014, seis Relatores Especiales y Expertos Independientes de Naciones Unidas, liderados por la Relatora especial de extrema pobreza y derechos humanos, destacaron que la reforma sanitaria no estaba en consonancia con las obligaciones de derechos humanos que tiene España. La Relatora Especial realizó un llamamiento a las autoridades españolas a garantizar el acceso universal al derecho a la salud, recordó que las normas básicas de derechos humanos no pueden ser ignoradas por las presiones fiscales y pidió al Gobierno que mostrase un compromiso más significativo para la protección del derecho a la salud para todas las personas y que no ignorase las recomendaciones de diversos mecanismos de Naciones Unidas y del Consejo de Europa.
Asimismo, en enero de 2014, el Comité de Derechos Económicos y Sociales del Consejo de Europa destacó que el Real Decreto-Ley 16/2012 y el Real Decreto 1192/12 eran contrarios a la Carta Social Europea, de la cual España es Estado parte. También recordó que la crisis económica no podía servir de pretexto para una restricción en el acceso a la atención sanitaria, que afecta a la esencia de ese derecho.
La organizaciones que suscriben esta carta lamentan que, a pesar del consenso existente entre los organismos internacionales, y las peticiones reiteradas de reforma del RDL, su Ministerio no haya adoptado hasta la fecha ninguna de estas  recomendaciones y que por el contrario haya mantenido la implementación de la reforma legislativa que conduce a la exclusión sanitaria de las personas migrantes en situación administrativa irregular.
Las entidades lamentan la adopción de normas que profundizan esta exclusión, como es el caso de la Orden SSI/1475/2014, de 29 de julio, por la que se regula, en el ámbito del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, el contenido y procedimiento de suscripción del convenio especial de prestación de asistencia sanitaria, previsto en el Real Decreto 576/2013. Las organizaciones alertan de que el importe económico que se establece para suscribir el Convenio especial, podría constituir una barrera económica que ponga en peligro el acceso a la atención sanitaria de las de las personas en situación de mayor vulnerabilidad. En este sentido, las organizaciones recuerdan que los estándares internacionales sobre el derecho a la salud exigen la accesibilidad económica como uno de los elementos esenciales del derecho a la salud.
Además de imponer barreras económicas, en estos dos años de vigencia del RDL, el Gobierno no ha publicado un análisis del potencial efecto disuasorio que esta reforma sanitaria haya podido tener en el colectivo de las personas migrantes en situación administrativa irregular, ni tampoco ha analizado el posible efecto que ha tenido en la identificación de las mujeres víctimas de violencia de género y de trata. Asimismo, las organizaciones médicas siguen denunciando irregularidades en la aplicación del RDL, que consisten, entre otras cuestiones, en la facturación de la atención médica de urgencias, hecho que podría estar contribuyendo al mencionado efecto disuasorio.
Por último, las organizaciones valoran de manera positiva que en la última sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, celebrada en el mes de marzo de este año, España destacó su apoyo a los órganos de tratado de Naciones Unidas, y mencionó que el Gobierno enfrenta sus exámenes ante los órganos “como un diálogo constructivo para la mejor protección y promoción de los derechos humanos en España”. Asimismo el Gobierno destacó el “compromiso de España con el Consejo de Derechos Humanos1”, organismo del que dependen los Relatores especiales y Expertos Independientes de Naciones Unidas. Por otra parte, España suscribió una declaración conjunta con 37 países liderados por Dinamarca en la que se pedía un mayor progreso en el seguimiento e implementación de las recomendaciones de los procedimientos especiales de protección de derechos humanos de Naciones Unidas.
Amnistía Internacional, el Centro por los Derechos Económicos y Sociales, Médicos del Mundo y Red Acoge apelan a esta voluntad expresada por el Gobierno español y a sus obligaciones internacionales y le instan a reformar el RDL, asegurar la universalidad del derecho a la salud y garantizar de manera urgente el acceso a la atención sanitaria a las personas migrantes, independientemente de su situación legal.
Asimismo, las citadas organizaciones le solicitan mantener una reunión con el fin de abordar las serias preocupaciones incluidas en la presente carta. En los próximos días nos pondremos en contacto con usted para tratar de concertar una reunión o, en su caso, le agradeceríamos que contactasen con Amnistía Internacional, en el correo electrónico valvarez@es.amnesty.org o en el teléfono 91 310 12 77 ext. 54, si lo estiman pertinente.

Atentamente,
Esteban Beltrán, Director Sección Española de Amnistía Internacional
Mónica García, Directora Red Acoge
Elena Urdaneta, Coordinadora General Médicos del Mundo
Ignacio Saiz, Director Ejecutivo Center for Economic and Social Rights




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