Emergencia en el Mediterráneo.

martes, 23 de septiembre de 2014

23/09 - DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL.


EL TERRIBLE DELITO DE TRATA DE SERES HUMANOS[1], UN CRIMEN GLOBAL.
Si algún crimen en la actualidad rebasa todas las maneras que se puedan imaginar de violación de los derechos humanos, éste es el delito de Trata de Seres Humanos.
Un crimen que afecta a prácticamente todos los países del mundo[2].
La forma más conocida de Trata de Personas es la explotación sexual para la prostitución, pero también existen entre otras: la Trata con fines de trabajo forzado, servidumbre, mendicidad infantil, esclavitud, reclutamiento militar, tráfico de órganos, para la delincuencia, la adopción ilegal, etc. Para la mujer, cualquiera de estas manifestaciones puede conllevar y de hecho así sucede, abuso y/o explotación sexual.
¿En qué consiste el delito exactamente? El verbo “Tratar” nos sugiere de inmediato el clásico mercadeo con el ganado y si acudimos al Diccionario de la Real Academia Española, éste define “Tratar” como el manejo y uso material de las cosas, así como su gestión y el negocio con las mismas. Es decir, que estamos hablando de comerciar y especular con personas, colocándolas al nivel de los objetos.
Las víctimas son “cosificadas” y privadas de cualquier derecho humano que las ampara.
Si bien hasta hace unos años no se hablaba demasiado de esta realidad, en la actualidad no podemos escudarnos en el desconocimiento de su existencia, pues la Organización de las Naciones Unidas y las distintas Organizaciones regionales y subregionales, como el Consejo de Europa o la Unión Europea, en las que se integra el Estado español, han dedicado esfuerzos cada vez mayores en la lucha por su erradicación, plasmados en instrumentos jurídicos vinculantes y en directrices políticas. Paralelamente han desarrollado importantes campañas de información y sensibilización, que progresivamente han calado en las conciencias ciudadanas y han impulsado la reacción de las instituciones estatales.
Para el Estado español, el artículo 10 de la Constitución introduce los Tratados internacionales de derechos fundamentales ratificados por España como Derecho interno y como miembro de las Organizaciones mencionadas ha adquirido la obligación de adaptar sus disposiciones a las directrices y recomendaciones supranacionales.
Por otra parte, el desarrollo de la normativa enfocada a prevenir, reprimir y sancionar la Trata, ha evolucionado hacía el enfoque de los Derechos Humanos, incorporando la perspectiva de género, además de situarse en la aproximación victimocéntrica, que tiene en cuenta fundamentalmente a las víctimas como figuras claves para la detección y detención de los delincuentes.
No obstante, el gran esfuerzo realizado no se ha traducido en los resultados satisfactorios deseables. Los beneficios económicos, astronómicos, que la transacción con personas genera, provocan cada vez más que el delito se sumerja en la clandestinidad y se perfeccione el control de las víctimas, que sólo en escasas ocasiones se deciden a denunciar a sus captores. La erradicación de esta lacra constituye hoy un reto internacional de primer orden.

Ascensión Lucea Sáenz
Sección de Derechos Humanos
Colegio de Abogados de Zaragoza


[1] La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Consejo de Europa (CdE) hablan de “Trata de Personas”, mientras en la Unión Europea (UE) se menciona como “Trata de Seres Humanos”. Ambas concepciones se refieren al mismo delito.
[2] “14 Informe anual del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la Trata de Personas”, 20 de junio de 2014.

jueves, 18 de septiembre de 2014

V Congreso europeo sobre Migrantes, Minorías Étnicas y Salud: Declaración de Granada


Un centenar de organizaciones internacionales piden proteger la salud de las personas más vulnerables en España.
Madrid, 16 de septiembre de 2014.- Las políticas de austeridad están afectando a los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad, y entre ellos, a las personas migrantes y las minorías étnicas. Ante esta evidencia, 100 entidades científicas, sanitarias y sociales de nivel español y europeo se han unido para apoyar la llamada "Declaración de Granada", texto surgido tras la celebración del V Congreso europeo sobre Migrantes, Minorías Étnicas y Salud en la ciudad andaluza.
En concreto, las entidades firmantes denuncian:
- El empeoramiento de las ya precarias condiciones de vida de este colectivo, con afectación a su salud, como consecuencia de las políticas de recortes.
- Su mayor sufrimiento de los recortes en servicios sanitarios y sociales, que han traído como consecuencia que en ocasiones no puedan ver cubiertas sus necesidades en salud física y mental
- La limitación de acceso a los sistemas sanitarios, con la excusa de la crisis económica, aun sin valorar el impacto económico -reducido- y social -enorme- que tienen estas medidas, como el Real Decreto Ley de exclusión sanitaria.
- Los largos periodos de detención de inmigrantes en instalaciones deficientes, como los CIE y el auge de la xenofobia detectado en algunos países europeos.
Representantes de las entidades firmantes de esta Declaración solicitaron el pasado mes de mayo una reunión a la ministra de Sanidad, Ana Mato, para exponerle las conclusiones del Congreso; una petición que continúa todavía sin respuesta.
En el acto de presentación del texto y sus adhesiones, Carlos Artundo, director de la Escuela Andaluza de Salud Pública, ha exigido a los gobiernos europeos y la Comisión Europea que garanticen el derecho a la atención sanitaria de estos colectivos "como es su obligación" y ha hecho un llamamiento a revisar el Real Decreto Ley de 2012 y a acordar con los actores sociales, políticos y expertos en la materia las modificaciones a introducir en línea con esta "Declaración de Granada".
"Es una paradoja que el Gobierno proclame reiteradamente que su papel es cumplir y hacer cumplir las leyes y sin embargo las conculque sistemáticamente. La reforma sanitaria se hizo sin atender a los principios de equidad que establecen la propia Ley General de Sanidad y la Ley General de Salud Pública y en contra de la Carta Europea de Derechos Sociales", ha declarado Ildefonso Hernández, presidente de SESPAS.
"Aunque el gobierno niega que se estén produciendo casos de desatención sanitaria e incumplimiento de lo regulado en el propio RDL, en Médicos del Mundo recibimos cada día decenas de personas a las que les han tratado de cobrar la atención en urgencias, incluso embarazadas y menores de edad, o personas mayores con enfermedades crónicas que, incluso residiendo legalmente en España, no logran acceder a la atención sanitaria", recordó Beatriz Sagrado, de Médicos del Mundo.

Adhesiones
La Declaración ha cosechado ya un centenar de adhesiones de organizaciones e instituciones internacionales. Entre las más relevantes se encuentran sociedades científicas españolas como SESPAS, SEE, SESA, SEEP, AEN, AEC o SEMFyC; Organizaciones No Gubernamentales como Médicos del Mundo (y su red internacional), Red Acoge, CEAR, FADSP, Fundación Secretariado gitano y movimientos como Yo Sí Sanidad Universal; organizaciones profesionales y sociedades científicas europeas (EUPHA, EPHA, Sociedad Francesa de Salud Pública, Asociación Médica Panhellénica, Real Colegio de Enfermeras del Reino Unido, Red Europea de Médicos residentes en salud pública) y entidades de la sociedad civil europea (Consejo Europeo de Refugiados y Exilados, Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos, Instituto Europeo de Salud de la Mujer, Red Europea contra el Racismo, Red Europea de mujeres emigrantes, Centro Europeo de Derechos de la Población Gitana, Federación Belga de Maisons Médicales), junto a instituciones académicas, como las universidades de Lausanne, Sevilla, Glasgow, Pécs, Gothenburg, Granada y Copenhague, sin olvidar organismos internacionales (Organización Internacional para las migraciones, Federación Internacional de Estudiantes de Medicina, Asociación Internacional de Servicios Públicos).
Contexto:
La manera en que la crisis económicas afecta a la salud de la población depende de distintos factores, pero sobre todo de las respuestas políticas, que afectan a los determinantes sociales de la salud (condiciones de vida, de trabajo, acceso a los servicios). Mientras el mantenimiento de las políticas sociales actúa como factor protector, la disminución de la protección social afecta negativamente la salud.
Asimismo, las consecuencias negativas de las restricciones en la protección social son mayores para los ciudadanos en situación de vulnerabilidad social y económica, con mayores riesgos de empeorar su calidad de vida. Entre ellos se encuentra la población inmigrante (por ejemplo, la tasa de paro en la población general es del 26,3%, frente a un 35,7% en la de origen extranjero, según el INE, o las ganancias salariales medias brutas anuales de la población trabajadora inmigrantes es un 31,4% inferior a las de la población española. No obstante, las necesidades en salud y atención en salud de la población inmigrante son similares al resto de la población, e incluso en algunos aspectos sus condiciones de salud son mejores (por ejemplo, menor presencia de enfermedades crónicas o mejores hábitos saludables).
Los estudios consideran que, además de la exclusión de las personas en situación administrativa irregular de la atención sanitaria normalizada, la reducción actual en el gasto en salud conllevará a un aumento de barreras de acceso (administrativas, económicas, etc), tanto para la población en general, como la población inmigrante.
Los intervinientes han recordado que no hay ninguna evidencia científica que sustente la exclusión de las personas migrantes indocumentadas de la atención sanitaria. Por el contrario, es evidente que es necesario prestársela por razones de derechos humanos, salud pública, e incluso económicas.

lunes, 1 de septiembre de 2014

Carta a la Ministra de Sanidad en el segundo aniversario de la entrada en vigor del RDL 16/2012

Sra. Dª. Ana Mato Adrover
Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Paseo del Prado, 18
28071 Madrid

Madrid, 28 de agosto de 2014
Estimada Sra. Mato,
Amnistía Internacional, el Centro por los Derechos Económicos y Sociales, Médicos del Mundo y Red Acoge se ponen nuevamente en contacto con usted con motivo del segundo aniversario de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones (de ahora en adelante, el RDL).
En el marco de esta fecha, las organizaciones desean evidenciar el incumplimiento por parte del Estado y en concreto de su Ministerio, de las recomendaciones provenientes de diversos mecanismos de Naciones Unidas y del Consejo de Europa que han solicitado a las autoridades españolas la reforma del RDL y el acceso a la atención sanitaria para todas las personas sin ningún tipo de discriminación. Estos organismos han subrayado reiteradamente que las obligaciones jurídicamente vinculantes que España tiene en materia del derecho a la salud mantienen su vigencia
incluso en relación con las personas migrantes en situación administrativa irregular.
Estas recomendaciones, como Ud. bien sabe, se iniciaron en mayo de 2012, incluso antes de la entrada en vigor del RDL, cuando el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas recomendó a España que la reforma legislativa no limitase el acceso de las personas a los servicios de salud, cualquiera que fuese su situación legal, y pidió al Gobierno que evaluase el impacto de dicha reforma en los colectivos en situación de vulnerabilidad.
Por su parte, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia calificó en junio de 2013 la reforma sanitaria como “hecho lamentable”, y mostró su preocupación por la imposición de barreras económicas que pudieran tener como resultado la denegación de la asistencia sanitaria a las personas migrantes indocumentadas. Asimismo, insistió en que el Gobierno debía garantizar que todas las personas tengan acceso a los servicios de atención médica sea cual fuese su situación migratoria.
En abril de 2014, seis Relatores Especiales y Expertos Independientes de Naciones Unidas, liderados por la Relatora especial de extrema pobreza y derechos humanos, destacaron que la reforma sanitaria no estaba en consonancia con las obligaciones de derechos humanos que tiene España. La Relatora Especial realizó un llamamiento a las autoridades españolas a garantizar el acceso universal al derecho a la salud, recordó que las normas básicas de derechos humanos no pueden ser ignoradas por las presiones fiscales y pidió al Gobierno que mostrase un compromiso más significativo para la protección del derecho a la salud para todas las personas y que no ignorase las recomendaciones de diversos mecanismos de Naciones Unidas y del Consejo de Europa.
Asimismo, en enero de 2014, el Comité de Derechos Económicos y Sociales del Consejo de Europa destacó que el Real Decreto-Ley 16/2012 y el Real Decreto 1192/12 eran contrarios a la Carta Social Europea, de la cual España es Estado parte. También recordó que la crisis económica no podía servir de pretexto para una restricción en el acceso a la atención sanitaria, que afecta a la esencia de ese derecho.
La organizaciones que suscriben esta carta lamentan que, a pesar del consenso existente entre los organismos internacionales, y las peticiones reiteradas de reforma del RDL, su Ministerio no haya adoptado hasta la fecha ninguna de estas  recomendaciones y que por el contrario haya mantenido la implementación de la reforma legislativa que conduce a la exclusión sanitaria de las personas migrantes en situación administrativa irregular.
Las entidades lamentan la adopción de normas que profundizan esta exclusión, como es el caso de la Orden SSI/1475/2014, de 29 de julio, por la que se regula, en el ámbito del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, el contenido y procedimiento de suscripción del convenio especial de prestación de asistencia sanitaria, previsto en el Real Decreto 576/2013. Las organizaciones alertan de que el importe económico que se establece para suscribir el Convenio especial, podría constituir una barrera económica que ponga en peligro el acceso a la atención sanitaria de las de las personas en situación de mayor vulnerabilidad. En este sentido, las organizaciones recuerdan que los estándares internacionales sobre el derecho a la salud exigen la accesibilidad económica como uno de los elementos esenciales del derecho a la salud.
Además de imponer barreras económicas, en estos dos años de vigencia del RDL, el Gobierno no ha publicado un análisis del potencial efecto disuasorio que esta reforma sanitaria haya podido tener en el colectivo de las personas migrantes en situación administrativa irregular, ni tampoco ha analizado el posible efecto que ha tenido en la identificación de las mujeres víctimas de violencia de género y de trata. Asimismo, las organizaciones médicas siguen denunciando irregularidades en la aplicación del RDL, que consisten, entre otras cuestiones, en la facturación de la atención médica de urgencias, hecho que podría estar contribuyendo al mencionado efecto disuasorio.
Por último, las organizaciones valoran de manera positiva que en la última sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, celebrada en el mes de marzo de este año, España destacó su apoyo a los órganos de tratado de Naciones Unidas, y mencionó que el Gobierno enfrenta sus exámenes ante los órganos “como un diálogo constructivo para la mejor protección y promoción de los derechos humanos en España”. Asimismo el Gobierno destacó el “compromiso de España con el Consejo de Derechos Humanos1”, organismo del que dependen los Relatores especiales y Expertos Independientes de Naciones Unidas. Por otra parte, España suscribió una declaración conjunta con 37 países liderados por Dinamarca en la que se pedía un mayor progreso en el seguimiento e implementación de las recomendaciones de los procedimientos especiales de protección de derechos humanos de Naciones Unidas.
Amnistía Internacional, el Centro por los Derechos Económicos y Sociales, Médicos del Mundo y Red Acoge apelan a esta voluntad expresada por el Gobierno español y a sus obligaciones internacionales y le instan a reformar el RDL, asegurar la universalidad del derecho a la salud y garantizar de manera urgente el acceso a la atención sanitaria a las personas migrantes, independientemente de su situación legal.
Asimismo, las citadas organizaciones le solicitan mantener una reunión con el fin de abordar las serias preocupaciones incluidas en la presente carta. En los próximos días nos pondremos en contacto con usted para tratar de concertar una reunión o, en su caso, le agradeceríamos que contactasen con Amnistía Internacional, en el correo electrónico valvarez@es.amnesty.org o en el teléfono 91 310 12 77 ext. 54, si lo estiman pertinente.

Atentamente,
Esteban Beltrán, Director Sección Española de Amnistía Internacional
Mónica García, Directora Red Acoge
Elena Urdaneta, Coordinadora General Médicos del Mundo
Ignacio Saiz, Director Ejecutivo Center for Economic and Social Rights