Derechos
Humanos y Europa:
La asistencia sanitaria, como parte del derecho a
la salud, es un derecho universal e igualitario reconocido por la Declaración
de Derechos Humanos, algo que no ha respetado el RD 16/2012 que expulsó del
sistema sanitario a las personas inmigrantes en situación irregular. Y esto no
es algo que defienda solo nuestra plataforma, en una carta enviada al Gobierno
en noviembre de 2013, que firmaban también diversos expertos de la ONU, estos
decían al gobierno: "los cambios adoptados por el Gobierno de España en 2012,
que reducen el acceso al sistema de salud pública, no cumplen con las
obligaciones de derechos humanos del país”. Entre estos expertos se encontraba
la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la pobreza extrema y los Derechos
Humanos, Magdalena Sepúlveda que en abril de este año en el mismo sentido
declaraba en Ginebra refiriéndose a la situación en el Estado Español: “Los incidentes de los que me han informado, que resultan en la falta de
tratamiento para migrantes pobres e indocumentados --u otras personas obligadas
a pagar incluso si residen legalmente en el país-- son inaceptables” y añadía:
"Ha llegado la hora de que el Gobierno de España cambie de rumbo”
El Gobierno respondió a la carta enviada por los
expertos de la ONU, pero la relatora especial no está de acuerdo con sus
argumentos. El Ministerio de Sanidad argumentó que el real decreto 12/2012 no
es discriminatorio, puesto que trata la legalidad de residencia en el país y no
el origen nacional. El departamento que dirige Ana Mato respondió asimismo que
la atención sanitaria sigue siendo universal, pública y gratuita, algo que la
ministra repite una y otra vez prácticamente en cada acto público o
intervención en el Congreso. “Los principios básicos de derechos humanos no
pueden ser ignorados a causa de las presiones fiscales”, asegura Sepúlveda, que
además considera que el argumento de la residencia "refleja una percepción
errónea del principio de no discriminación”.
El Consejo de Europa también juzgó ilegal en enero
pasado la decisión de restringir el acceso a la atención médica gratuita a los
inmigrantes en situación irregular.
“La crisis no puede servir como pretexto para negar el acceso a la sanidad”,
concluía su informe. Según este organismo, la decisión infringe la legislación
europea de derechos humanos.
Puesta en marcha
del Programa Aragonés de Protección Social de la Salud Pública:
A pesar de la puesta en marcha del Programa Aragonés de
Protección Social de la Salud Pública, al que han accedido hasta la fecha
663 personas, un número muy reducido de
personas inmigrantes si se compara con las 30.000
personas que según el Instituto Aragonés de Estadística perdieron la tarjera
sanitaria como consecuencia de la entrada en vigor del RDL 16/2012 o de las
14.083 según el Consejero del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y
Familia, la realidad es que la salud ha dejado de ser un derecho universal y se
ha convertido en una medida de carácter graciable en forma de programa social,
quedando además estas personas sin cobertura farmacéutica.
Prestación
farmacéutica:
Son numerosas las familias con dificultades para
hacer frente al gasto farmacéutico. La
situación se agrava por el alto coste de algunos de los tratamientos (50€,
246€, 350€ e incluso más) al tener que abonar el 100% de los mismos cuando
anteriormente pagaban el 40% o incluso porcentajes inferiores, siendo
inasumible por algunas familias.
Las deficiencias en la política sanitaria y social
hacen mella en estas familias empobrecidas y excluidas. Por una parte, han de
asumir la pérdida del derecho a la asistencia sanitaria y el hecho de tener que
abonar el coste total de la medicación. Por otra, las dificultades de acceso y
retrasos en el pago de prestaciones sociales (IAI, AIF, AU) impiden que cuenten
con ingresos para poder satisfacer sus necesidades básicas. Ambas situaciones
se retroalimentan e impiden a las familias en situación de pobreza y exclusión
con problemas de salud, hacer frente al
pago de la medicación que necesitan.
Por este motivo, la Plataforma Salud Universal
solicita que se incluya en el Programa Aragonés de Protección Social de la
Salud Pública, en virtud de la facultad de las Comunidades Autónomas de aprobar
su cartera de servicios, la prestación farmacéutica a estas personas en las
mismas condiciones que las personas aseguradas.
Información
deficiente en los Centros de salud:
La Administración debe facilitar el ejercicio de los derechos a
los ciudadanos e informar con claridad y transparencia, sin trabas ni barreras
administrativas, haciendo de la salud un derecho real y efectivo de las
personas, objeto de tales normas que impida su “exclusión de la sanidad
pública. En Aragón, la Plataforma ha constatado que cuando los extranjeros no
asegurados acuden a los centros de salud demandando atención sanitaria, se les
dice que no tienen derecho a ella, pero no se les informa de la existencia del
Programa Aragonés de Protección Social de la Salud Pública o de la posibilidad
de tramitar una tarjeta sanitaria por límite de ingresos si tenían permiso de
residencia con anterioridad a la entrada en vigor del RDL 16/2012.
Facturación en Urgencias:
La administración sanitaria aragonesa obliga a firmar
un compromiso de pago, sin concretar la cuantía de la deuda que deberá
asumirse, a todas las personas que han perdido la tarjeta sanitaria y solicitan
atención médica de urgencia, pese a que el RDL 16/2012 les reconoce el derecho
a la asistencia sanitaria de urgencia en igualdad de condiciones que a los
asegurados.
Casos concretos:
En Caspe se retiraron 210 tarjetas sanitarias y ninguna persona ha
accedido al Programa Aragonés de Protección Social de la Salud Pública hasta la
fecha. En La Almunia de Doña Godina se dieron de baja 419 tarjetas sanitarias y
solo 3 personas han accedido al Programa Aragonés de Protección Social de la
Salud Pública en un año.
También llama la atención
que en el Centro de Salud Delicias Norte
de Zaragoza se dieran de baja 487 tarjetas sanitarias y solo 38 personas hayan
accedido al Programa Aragonés de Protección Social de la Salud Pública; o que
en el Centro de Salud Actur Sur, donde se retiraron 88 tarjetas sanitarias,
ninguna persona haya accedido al programa.
En cualquier caso, en ninguna zona sanitaria, la tasa de
reposición, considerando el número de tarjetas sanitarias dadas de baja y el
número de personas que han accedido al programa, supera el 20%.
Actitud del Consejero de Sanidad:
Desde la aprobación del Real Decreto en
septiembre de 2012, se han dado de baja en Aragón 14.000 tarjetas sanitarias según
el Servicio Aragonés de Salud y 31.000 tarjetas según el Instituto Aragonés de
Estadística; un enigmático baile de cifras que no deja ver la realidad y que el
consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, se ha negado a explicar, a pesar de que
se le haya sido solicitado.
Por su parte el consejero ha declarado que el
escaso acogimiento por parte de las personas inmigrantes en situación irregular
al Programa Aragonés de Salud, viene provocado fundamentalmente porque
"las entidades que representan al colectivo inmigrante no están
colaborando suficientemente en la difusión del programa".
Desde la PSU queremos trasladar la indignación
que nos ha generado estas declaraciones, en primer lugar porque desde un
principio se han venido detectando numerosas deficiencias en la información facilitada
desde la Administración, las cuales han sido reiteradamente señalados a la Directora
General de Calidad y Atención al Usuario, Lourdes Rubio. Además, la PSU
lleva desde el inicio del Programa colaborando en su difusión y aplicación, a
pesar de nuestra disconformidad con el mismo y de que la obligación deba recaer
sobre la Administración, que es la responsable directa de informar eficazmente
a los usuarios a los cuales se les ha negado un derecho básico.
No obstante, cabe señalar que nuestra sorpresa
e indignación no deberían ser tales si tenemos en cuenta que, desde la
aprobación del Real Decreto, la PSU ha solicitado en numerosas ocasiones una
reunión con el consejero, solicitudes que o bien han sido derivadas a la dirección general citada, o bien ni
siquiera se ha tomado la molestia en contestar.
En sus declaraciones, el consejero además
señaló que el hecho de que haya personas que no cumplen los requisitos, hace
que muchas no puedan acceder al Programa, requisitos que por cierto no piensa
flexibilizar. Sin embargo, desde la PSU denunciamos que ha habido muchas
personas que aun cumpliendo los requisitos para acceder al programa o incluso
para mantener la tarjeta sanitaria se han quedado fuera del sistema.
Ante el reto que nos planteó el Consejero en
sus declaraciones publicadas el 10 de abril en Heraldo Digital, procedemos a
continuación a enumerar algunos ejemplos.
Trasplantes
de órganos:
Podríamos
comenzar por un caso general pero que nos parece especialmente preocupante. Las
personas inmigrantes en situación irregular tienen extremadamente limitado el
acceso a las listas de espera de recepción de órganos, esta solo se produce en
caso de vida o muerte. Sin embargo se da la paradoja de que estas personas sí
pueden ser donantes independientemente de su situación administrativa.
La diferencia entre el número de
personas que perdieron la tarjeta sanitaria y el número de personas que han
accedido al programa se traduce en que
en Aragón, muchas personas que necesitan atención médica no la reciben:
-SMD, senegalés de 44 años, reúne los requisitos para acceder al PAPSSP
pero espera una respuesta desde julio de 2013. Entretanto no puede recibir
asistencia sanitaria.
-LAG, mujer nicaragüense de 44 años, fue operada de un tumor en la
garganta. No ha recibido tratamiento de
rehabilitación ni ha sido objeto de revisiones médicas desde hace dos años. Ni
en el Centro de Salud ni en el hospital la informaron sobre las posibilidades
de acceso al programa. Ha accedido al programa con el apoyo de Médicos del
Mundo.
-CBA, colombiana de 73 años, sufre una cardiopatía y desde enero hasta
abril de 2014 le denegaron la atención sanitaria en su centro de salud y no la
informaron de la posibilidad de acceder al programa. Ha accedido al programa
recientemente con el apoyo de Médicos del Mundo.
- A MA, mujer dominicana de 50 años
que sufre problemas de oído, se le denegó la tención sanitaria en su centro de
salud por no tener tarjeta sanitaria y no la informaron de la posibilidad de
acceder a través del PAPSSP.
Las personas referidas nos han autorizado para hablar de su caso a la
prensa. Pero tenemos conocimiento de muchos más ejemplos de personas a las que
necesitando atención sanitaria, no se les ha prestado:
- mujer con cáncer de cuello de útero.
- mujer operada de tiroides, sin revisión ni seguimiento
de la medicación durante un año y medio.
- mujer de 25 años que perdió la tarjeta
sanitaria y tiene problemas en el hombro, no puede acceder a la al programa
porque su madre, también en situación irregular, gana 600 euros mensuales en el
servicio doméstico.
-
Mujer de 37 años, asmática, sin tarjeta sanitaria desde 2012, no puede acceder
al programa por tener el pasaporte caducado
-
Mujer diabética de 53 años, con cinco
años en España, dos años sin revisiones. Ha estado dos años tomando su medicación sin revisiones médicas.
MÁS INFORMACIÓN:
Sección de
Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Zaragoza
Teléfono 976204220
Sos Racismo Aragón Médicos del Mundo Aragón
Teléfono 692418104 Teléfono 976404940
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