Madrid, 2 de julio de 2014.- Ante
la posible aprobación en Consejo de Ministros del anteproyecto de la ley del
aborto, Médicos del Mundo y las sociedades científico sanitarias que suscriben
este comunicado insisten en su oposición a esta legislación que implica una
merma de la autonomía, los derechos y la salud de las mujeres y es contraria a
los compromisos internacionales en materia de derechos sexuales y
reproductivos.
Por ello, los
firmantes de este comunicado lucharán para que el proyecto de ley del aborto no
llegue a ver la luz y solicita al Gobierno español, además de la retirada del
texto legislativo, que garantice a las y los jóvenes el acceso a una
educación afectivo-sexual que les permita tomar decisiones fundamentadas en la
materia y que facilite a las mujeres acceso a métodos anticonceptivos modernos
y seguros, incluyendo la anticoncepción de urgencia.
La norma impone además una demora de los
tiempos que puede afectar negativamente a los plazos recomendables para un
aborto seguro e incrementará la brecha de desigualdad social y económica: las
mujeres con suficientes recursos económicos evitarán ese calvario y buscarán la
forma de interrumpir su embarazo fuera de nuestro país, mientras que las
mujeres sin recursos recurrirán a abortos inseguros o se verán obligadas a
hacer frente a embarazos no deseados.
Las consecuencias negativas de esta norma, en
el caso de que supere el trámite parlamentario, serán especialmente duras para
las mujeres en situación de exclusión social, para las que sobreviven con
rentas más bajas y para las inmigrantes sin acceso a la sanidad. Además de
poner en peligro sus vidas, la norma las enfrentará a un clima de rechazo y
estigmatización.
Desde su experiencia médico humanitaria, estas
organizaciones quieren recordar que los abortos en condiciones de riesgo
causan la muerte de casi 50.000 mujeres en el mundo, cada
año y causan la invalidez temporal o permanente de otros 8 millones.
La interrupción legal del embarazo es una de
las intervenciones más seguras en los países desarrollados (menos de 1 muerte
por cada 100.000 intervenciones), mientras que los abortos inseguros implican
un riesgo de muerte de 220 veces mayor.
A legislaciones más duras, más
abortos
Hay evidencia de que el número de abortos
inducidos es menor en los países que tienen una legislación liberal en
comparación con los que mantienen una restrictiva. Por ejemplo, la tasa de
aborto es de 29 por cada 1000 mujeres en edad de procrear en África y 32 por cada
1000 en América Latina, zonas donde la mayoría de las leyes prohíben esta
práctica. Sin embargo, en Europa Occidental, donde las leyes relativas al
aborto son generalmente más liberales, esta tasa es del 12 por 1000. Dicho de otra manera, las leyes restrictivas de acceso a la interrupción
voluntaria del embarazo no consiguen reducir el número de abortos.
Además, con esta ley, España nadará
contracorriente del contexto europeo, en el que todos los países europeos con
excepción de Malta, Irlanda y Polonia cuentan con leyes de plazos o de
supuestos. Un proyecto de ley que
contradice las recomendaciones de los organismos de derechos humanos y es
contrario a los compromisos internacionales suscritos por España ante Naciones
Unidas, de los cuales tendrá que rendir cuentas ante la Asamblea General de
Naciones Unidas el próximo mes de septiembre.
Por último, estas
organizaciones exigen al ejecutivo la restitución del modelo sanitario
universal vigente en nuestro país hasta la entrada en vigor de la reforma
sanitaria, que deja al colectivo de mujeres inmigrantes en situación
administrativa irregular en situación de especial vulnerabilidad.
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