La Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 – REDER, a la que Médicos del Mundo pertenece, ha reunido, entre enero de 2014 y julio de 2015 más de 1500 casos de personas que han visto vulnerado su derecho humano a la salud como consecuencia de la exclusión sanitaria de inmigrantes en situación irregular.
Los datos incluyen, entre otros, 31 casos de cáncer, 38 de enfermedades cardiovasculares, 62 de diabetes, 14 de enfermedades degenerativas musculares, otras 8 de otro tipo de enfermedades degenerativas, más 28 casos potencialmente mortales si no reciben el adecuado seguimiento y tratamiento sanitario y 27 casos de personas con graves problemas de salud mental.
La aplicación del Real Decreto Ley 16/2012 ha tenido también efectos indirectos en la población inmigrante que sí tiene regularizada su residencia, ya sea porque es víctima del efecto disuasorio y atemorizante de las actuaciones administrativas (como la colocación de carteles en los hospitales y centros de salud, la falta de información adecuada sobre los límites de aplicación de la norma) o por la ausencia de adecuadas campañas informativas por parte de las administraciones públicas.
Algunas de las organizaciones que integran REDER llevan tres años documentando y difundiendo cifras y datos del impacto de la exclusión sanitaria en la vida de las personas.
A través de esta red de ámbito estatal, han sumado sus esfuerzos para dejar constancia definitivamente de que las situaciones de desatención médica y desamparo provocadas por la reforma sanitaria de 2012 no son casos excepcionales que responden a errores puntuales del sistema.
Se trata de un auténtico sistema de exclusión generalizada que dista mucho de ser universal y se aleja ostensiblemente de los principios rectores que definen el Sistema Nacional de Salud español desde 1986.
Cabe medir el impacto de esta reforma a través de las siguientes consecuencias:
*La desinformación como negación de un derecho,
*Personas que no habían tramitado su tarjeta sanitaria porque desconocían tener ese derecho,
*Personas a quienes se ha denegado en su centro de salud la tarjeta sanitaria porque la información que maneja el personal administrativo sobre el trámite y requisitos era errónea.
*Incumplimiento sistemático de las excepciones protegidas.
A pesar de que el RDL establece una mínima salvaguarda que permite la atención sanitaria durante el embarazo, parto y posparto, a los menores de edad y en urgencias, son recurrentes las vulneraciones de todas estas excepciones.
REDER ha documentado 109 casos de menores de edad a quienes se deniega la asistencia sanitaria; 232 incidencias en urgencias (138 mujeres y 94 hombres) incluyendo denegación de asistencia y facturación de la atención y 78 mujeres embarazadas que han visto vulnerado de alguna manera su derecho a ser asistidas con situaciones que van desde la negativa a tramitarles la tarjeta sanitaria como embarazada hasta no tratar las complicaciones derivadas del parto porque no se reconocen como parte de la atención obligada por el Real Decreto Ley 16/2012.
*Mención especial merecen los casos de mujeres a quienes se les deniega la realización de la interrupción voluntaria del embarazo dentro de los márgenes que ampara la actual legislación, con el consecuente riesgo de que acaben sometiéndose a abortos sin las debidas garantías sanitarias que atentan contra su salud y su vida.
*Familiares ascendientes: perdidos en un laberinto jurídico y legal. Aunque en términos globales dentro del volumen total de personas inmigrantes representan una mínima parte, los casos de personas regularizadas por reagrupación familiar, particularmente ascendientes de avanzada edad, que se ven atrapados en un limbo jurídico administrativo sin tener acceso a la atención sanitaria pública resultan especialmente dolorosos. REDER ha documentado hasta 25 casos de personas en esta situación entre las que se cuentan casos de cardiopatías, hipertensión, enfermedades respiratorias crónicas potencialmente mortales, artritis y otros reumatismos o necesidad de seguimiento de operaciones quirúrgicas realizadas en el país de origen, todas ellas desatendidas.
*Personas solicitantes de asilo y de las víctimas de trata. El Real Decreto 1192/2012 amplió las excepciones del RDL para incluir a las personas solicitantes de asilo y refugio y a víctimas de trata durante el llamado periodo de reflexión. Son previsiones claramente insuficientes: en el caso de solicitudes de protección internacional, el derecho a la asistencia viene limitado sólo a aquéllas personas a quienes se haya autorizado la estancia en España, manteniendo excluidas a quienes se hallan en proceso de reconocimiento de su estatus como persona con protección internacional; por su parte, en el caso de las víctimas de trata, el derecho a la atención sanitaria está reconocido sólo para aquéllas que, habiendo sido ya identificadas como tales, se encuentran de alguna forma bajo la protección de las autoridades y durante el tiempo correspondiente al “periodo de restablecimiento y reflexión” –un plazo de tiempo claramente insuficiente.
*La ineficacia de una legislación parcheada.
Desde la entrada en vigor de la norma, la mayoría de los gobiernos autonómicos pusieron en marcha diferentes fórmulas para ampliar las excepciones y para regular el acceso a la atención sanitaria a través del sistema público de salud para colectivos excluidos por el Real Decreto Ley 16/2012. El resultado ha sido la generación de una serie de subsistemas sanitarios paralelos “para pobres” que rompe con el principio de equidad territorial y que se han mostrado insuficientes para cumplir incluso los objetivos marcados. Durante el periodo de la muestra, al menos un 73% de los casos proceden de comunidades autónomas donde existían programas sanitarios o normativa autonómica creados ad hoc para dar cobertura a las personas excluidas por la reforma sanitaria.
REDER reclama la restitución del acceso universal a la salud.
Las 300 organizaciones y personas que integran la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 –REDER- quieren sumarse a las voces que reclaman la necesidad imperiosa de reformar el Real Decreto-ley 16/2012 y el subsiguiente Real Decreto 1192/2013 por los cuales se establecen las figuras de persona asegurada y beneficiaria del Sistema Nacional de Salud y se excluye a las personas inmigrantes en situación irregular.
En este sentido, las organizaciones que integran REDER rechazan la creación de cualquier sistema de acceso a la sanidad pública paralelo y diferenciado de la tarjeta sanitaria individual en vigor actualmente.
Hasta entonces, REDER quiere recordar a los gobiernos autonómicos que son también titulares de obligaciones internacionales en materia del derecho a la salud y que pueden y deben llegar al límite de sus competencias para asegurar que se restaure la universalidad de este derecho. En este sentido, REDER aplaude las reformas que se han iniciado en varias comunidades autónomas tras las elecciones del pasado mes de mayo y anima a completarlas hasta subsanar los vacíos que aún permanecen sin resolver, como la protección de las personas con permiso de residencia por reagrupación familiar, a quienes se niega la condición de aseguradas o beneficiarias, o las personas ciudadanas de la Unión Europea y de países con los que España tienes suscrito convenio bilateral que no tienen posibilidad de aportar la documentación de sus países de origen requerida.
Para más información:
www.reder162012.org
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