La Plataforma
Salud Universal, compuesta por asociaciones de inmigrantes, entidades
sociales, sindicatos y partidos políticos, se constituyó como respuesta al
recorte de derechos en el acceso a la salud que supuso la aprobación del RDL 16/2012, de 20 de abril, el cual
excluyó a personas extranjeras en situación irregular, entre otros colectivos,
del Sistema Nacional de Salud, y para
reivindicar una sanidad pública universal. A lo largo de estos seis años la
Plataforma ha realizado múltiples acciones para lograr estos objetivos.
Recientemente el Gobierno de España
aprobó el RDL 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso al Sistema Nacional de
Salud. Este Real Decreto, pese a revertir parcialmente la exclusión sanitaria
existente, no sitúa a nuestro país en los niveles de sanidad pública universal
previos a abril de 2012.
NO
DEJAR A NADIE ATRÁS,
este era el objetivo del Gobierno al aprobar el Real Decreto-Ley 7/2018, sobre el acceso universal al Sistema
Nacional de Salud, con el que se pretendía poner punto y final a más de seis
años de exclusión sanitaria. Transcurridos cinco meses desde su aprobación y
más de dos mes desde su convalidación por el Congreso, el RDL 7/2018 ha
comenzado a aplicarse, pero ésta aplicación no es la que esperábamos los
colectivos sociales que llevamos denunciando la situación de exclusión
sanitaria desde el año 2012. Particularmente grave resulta ver cómo la ambigüedad
de algunos de sus preceptos amenazan el
objetivo de asegurar la universalidad como principio básico del Sistema
Nacional de Salud. En consecuencia, la situación de urgencia que motivó la
aprobación de la nueva normativa sigue vigente, muchas personas ven vulnerado a
diario su derecho a la salud, en Aragón, muchas más que antes.
Desde
la Plataforma Salud Universal dimos la bienvenida al nuevo RDL como un paso en
la dirección correcta, pero
alertando al mismo tiempo de la existencia de importantes lagunas en su
articulado. Por ello participamos a través de REDER, Red de Denuncia y
Resistencia al RDL 16/2012, en varias reuniones con el Ministerio de Sanidad
durante el pasado verano. En contra de lo esperado, lo que nos encontramos es
que la nueva ley sigue sin dar respuesta
a los colectivos especialmente vulnerables y no contempla la atención en urgencias.
Por ello, instamos al Gobierno de Aragón
a que, como venía haciendo desde la instrucción de agosto de 2015, garantice la asistencia sanitaria a
todas las personas que viven en nuestra Comunidad Autónoma. No debemos olvidar
que la universalidad no es sólo una cuestión de justicia y derechos humanos,
sino un elemento esencial para la eficacia del sistema sanitario.
El nuevo RDL 7/2018, desde su vocación
de universalidad, reconoce el derecho a la protección de la salud a todas las
personas extranjeras no registradas ni autorizadas a residir en España, sin
embargo, este reconocimiento general queda supeditado al cumplimiento de una
serie de requisitos referidos a demostrar que la persona no tiene cobertura
sanitaria por otra vía, así como cumplir el requisito de empadronamiento
durante 3 meses, y esto supone una regresión del derecho a la salud, debido a
que la instrucción de desarrollo del Gobierno de Aragón es más restrictiva que
las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y que la instrucción de 2015.
Hay que
recordar que antes del RDL de 2012, todas las personas accedían al sistema
sanitario presentando el empadronamiento. El RDL 16/2012 excluyó del sistema
sanitario a todas las personas en situación irregular, pero el nuevo RDL no nos ha devuelto
a la situación anterior al RDL 16/2012,
sino que se siguen estableciendo requisitos que en ocasiones representan
barreras insalvables que propician la exclusión sanitaria de colectivos
vulnerables.
Una norma
que aspira a garantizar el acceso universal a la salud de todas las
personas que residen en Aragón, debe contar con la suficiente flexibilidad para
evitar que la dificultad para demostrar el cumplimiento de un determinado
requisito administrativo pueda devenir en un obstáculo infranqueable. Así, la
concreción que se hace a través de las recomendaciones emitidas por el
Ministerio y el procedimiento establecido
por la Consejería de Sanidad condena a muchas personas a la exclusión sanitaria.
Por ello queremos explicar la situación
en la que nos encontramos en Aragón tras la aplicación del Procedimiento de
desarrollo del RDL 7/2018 en nuestra comunidad.
-El nuevo RDL 7/2018 y su procedimiento
de aplicación en Aragón, no ha devuelto la sanidad universal, ni siquiera
consigue que nos aproximemos a la situación anterior al RDL 16/2012.
-El nuevo
procedimiento establecido por la Consejería de Sanidad no ha contado con la opinión ni las propuestas de las entidades que
formamos parte de la PSU, a diferencia de la anterior instrucción de 2015.
De hecho, desde la PSU se han solicitado reuniones que no se han materializado
y se han enviado propuestas que no han recibido respuesta.
-La nueva instrucción es más restrictiva que la instrucción de
2015 e incluso que las recomendaciones emitidas desde el Ministerio de Sanidad
para la aplicación del RDL 7/2018.
En este momento el panorama al que nos
enfrentamos nada tiene que ver con la situación de acceso universal a la salud.
Aragón es probablemente la Comunidad
Autónoma más perjudicada con aplicación de la nueva normativa, ya que desde
la instrucción de 2015 era una de las comunidades autónomas más garantistas de
la sanidad universal. Resulta paradójico que se haya producido este cambio en
la línea política de la Consejería sin haberse producido un cambio de Gobierno.
¿Cuál es el nuevo de escenario?
-La
instrucción explica claramente los colectivos que quedan fuera del Sistema
Sanitario:
1*Españoles ( por ejemplo personas sin
Hogar no empadronadas)
2*Extranjeros autorizados en la
situación de estancias por estudios, residencia temporal por reagrupación
familiar, ciudadanos de la Unión Europea (salvo que acediten no poder exportar
el derecho), familiares de ciudadanos de la UE en residencia temporal de más de
tres meses.
Cabe destacar que algunos de estos colectivos antes tenían acceso con la instrucción de
2015 a través de las situaciones
especiales, como es el caso de ascendientes reagrupados, personas de la UE
que no pueden conseguir el documento de no exportación del derecho o que no
están registradas en España (por ejemplo personas de Rumanía y Bulgaria,
colectivo muy numeroso en Aragón y que en ocasiones puede encontrarse en
situación de vulnerabilidad).
3*Por
otro lado, no se establece como en la
anterior instrucción, una vía de acceso para las personas de la UE o de país con convenio bilateral (Marruecos,
Brasil, Chile, Perú, Túnez) que no pueden
conseguir el documento que acredita la no exportación del derecho, no se
menciona tan siquiera, y en cambio sí que aparece en las recomendaciones del
Ministerio de Sanidad sobre la aplicación del RDL 7/2018.
En la nueva normativa del Gobierno de Aragón
quedan excluidos los informes de
trabajadores sociales de las entidades privadas. Ni si quiera sirve la
aportación de documentación expedida por entidades sociales privadas para por
ejemplo, acreditar la estancia de más de tres meses cuando no se dispone de
empadronamiento, contraviniendo con ello el Gobierno de Aragón las
recomendaciones de Ministerio.
Se excluye a las ongs y entidades
sociales de la comisión de seguimiento de la instrucción, que sí que se
contempla en las recomendaciones dadas
desde el Ministerio.
En la norma aragonesa se especifica claramente que la
asistencia sanitaria (atención en
urgencias) que en caso de necesidad
se preste a los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en
España que no cumplan estos requisitos, se
tendrá que facturar, algo que ya hemos empezado a comprobar que se supone
un cambio radical respecto a la situación anterior.
Es por todo ello que desde la PSU denunciamos que la asistencia
sanitaria en Aragón no es de acceso universal, que además hemos sufrido un
retroceso con respecto a la situación existente desde 2015, vulnerándose de
esta manera un derecho humano básico y el RDL del Gobierno de España 7/2018.
Entendemos además que una sanidad que
priorice la prevención y otorgue cobertura a toda la población, sin
exclusiones, es una sanidad más eficiente y menos costosa –pues reduce el
número de hospitalizaciones, minimiza los riesgos de salud pública, etc.– fortaleciendo en consecuencia el Sistema
Nacional de Salud en beneficio de toda la sociedad.
Por último, queremos resaltar que la actitud de la actual Consejería de
Sanidad del Gobierno de Aragón no es de apertura al diálogo con la sociedad civil,
cosa que nos ha sorprendido porque rompe la dinámica anterior en este mismo
gobierno.
Por todo ello, le instamos a valorar la situación actual de acceso al sistema sanitario y a establecer las
medidas necesarias para hacerlo efectivo.
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