La Plataforma Salud Universal, a los seis meses
de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas
urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y
mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, quiere denunciar la
situación de desatención sanitaria que se ha producido en Aragón con relación a
las personas inmigrantes en situación
administrativa irregular. En particular:
Según la Circular
informativa para el personal de admisión en la asistencia sanitaria a usuarios
no asegurados ni beneficiarios que el Servicio Aragonés de Salud emitió el 31
de agosto de 2012, todas las personas, independientemente de si tienen o no la
condición de asegurado o beneficiario, podrán dirigirse a los centros de
atención primaria para solicitar cita y ser atendidos.
Si no tuvieran la condición de
asegurados, el personal administrativo informará sobre la posibilidad de
suscripción de un convenio especial. Dicho convenio especial no ha sido todavía
regulado en ninguna CCAA. Está pendiente el Dictamen del Consejo de Estado ya
que existen dudas sobre la capacidad de contratación de las personas en
situación administrativa irregular, porque si no existen según la legislación
de un Estado ¿cómo puede éste reconocerles capacidad de contratar?
Esta misma Circular declara que si no se dispone de convenio la
atención les será facturada y, en su caso, la factura será remitida a su país
de origen, en virtud de los convenios bilaterales de Seguridad Social suscritos
por España con otros países. No obstante, en la práctica, cuando estas personas
acuden a los centros de salud, la primera barrera de acceso se produce en
admisión, ya que al no aparecer en el OMI (sistema informático de Atención
Primaria del Sistema Aragonés de Salud) se les dice que no tienen derecho a la
asistencia sanitaria y no son atendidas; no se las informa de que tienen
derecho a la atención sanitaria previa
firma de un compromiso de pago.
Por el
contrario, en los servicios de urgencias, en los cuales según el Decreto-ley
estas personas tendrían derecho a ser atendidas de forma gratuita, se les
solicita la firma del compromiso de pago como condición previa a su atención.
El
Gobierno de Aragón se comprometió a seguir atendiendo a los enfermos crónicos
con tratamientos iniciados antes del 1 de septiembre de 2012. Sin embargo,
llegada esta fecha, al no aparecer las personas en situación administrativa
irregular en la OMI, se les ha denegado la atención y han tenido que presentar
una reclamación ante el SALUD para ser atendidas.
Recordemos
que estas personas con enfermedades crónicas deben seguir tratamientos con
costes muy elevados (así por ejemplo un enfermo con diabetes soportará unos
costes de unos 100 euros al mes) al tener que pagar el 100% del precio de los
medicamentos. Esto puede llevar a la no continuidad de los tratamientos con el
consiguiente empeoramiento de los pacientes, que en ocasiones requieren por
este motivo asistencia de urgencia y hospitalización.
Aunque la Administración declara que nadie se queda hoy en Aragón sin
asistencia sanitaria, la realidad es que algunos trabajadores del sistema
público de salud, han derivado a Médicos del Mundo Aragón atenciones sanitarias
y farmacológicas y seguimientos de casos que no se prestaban en los centros
públicos.
La
falta de asistencia en atención primaria a la población inmigrante en situación
irregular impide la detección de algunas enfermedades de interés para la salud
pública como la tuberculosis, VIH, hepatitis, enfermedades de transmisión
sexual... Conforme a la normativa vigente, dichas enfermedades están cubiertas
al tratarse de procesos que afectan a la salud pública, sin embargo, lo usual
es que su detección se produzca en atención primaria. De no ser así, y si se
desarrolla la enfermedad cuando los pacientes acuden para ser tratados ya ha
alcanzado una gravedad que implica un mayor riesgo para la salud pública.
El
principal motivo esgrimido para la aprobación del Real Decreto y su aplicación
en Aragón ha sido el económico. Datos dados por el propio Consejero de Sanidad
reflejan que en estos 6 meses tan solo se han recaudado 1288€ por servicios
sanitarios a personas inmigrantes en situación irregular. Para nuestra
plataforma un derecho como el derecho a la salud no es cuantificable. Pero
dentro de la argumentación de la administración nos preguntamos ¿se puede
justificar privar de un derecho fundamental por esta cantidad?
Las asociaciones
de inmigrantes y las entidades sociales seguimos, seis meses después de la
aplicación del RDL 16/12, sin poder informar a nuestro asociativo de la forma
en que deben actuar en caso de no ser
atendidos. A pesar que la Dirección General de Calidad y Atención al Usuario del
Departamento de Sanidad Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón nos
informa de que toda persona tiene derecho a la atención sanitaria, la realidad
que venos en nuestras asociaciones es bien distinta. La información que posee
la dirección y las administraciones de los centros de salud y hospitales parece
no ser la misma.
En
algunos casos no se informa sobre la posibilidad de firmar un compromiso de
pago para ser atendido. En otros casos sabemos que de lo primero que se informa es sobre la lista de precios de
consultas y exámenes. Si a esto añadimos que las personas en situación administrativa
irregular tienen que pagar el 100% del precio de los fármacos recetados, la
aplicación del RDL 16/12 en Aragón parece estar orientada a disuadir a este
grupo de población de la utilización de los servicios sanitarios.
Las
personas en situación administrativa irregular no presentan reclamaciones y/o
denuncias por mala o nula atención
sanitaria por miedo y por desconocimiento de las leyes.
Por
todo lo expuesto, la
Plataforma Salud Universal exige que se preste asistencia sanitaria, incluyendo
la prestación farmacéutica, a toda las personas
que habitan en Aragón, no aplicando el RDL 16/2012, tal como exige el
artículo 14 del estatuto de autonomía.
Anunciación Pérez
Pueyo aragon@medicosdelmundo.org
Katrina Belsué denuncias@sosracismoaragon.es
Eddy Castro red@atarraya.es
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