El Círculo de Bellas Artes de Madrid fue el escenario de la presentación de la Declaración Institucional por la Universalidad del Derecho a la Salud, mediante la cual doce partidos partidos políticos garantizan su intención de restituir la cobertura sanitaria a todas las personas que residen en el territorio español y de incluir en sus programas electorales medidas reales que contrarresten los efectos negativos del Real Decreto-Ley 16/2012 y su desigual aplicación.
Todos los líderes políticos presentes coinciden en señalar el cambio estructural de modelo sanitario que ha supuesto el RDL 16/2012 al crear la figura de “asegurado” y “beneficiario” de la tarjeta sanitaria, y que excluye directamente a las personas más vulnerables.
Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, ha afirmado incluso que su partido derogará el Real Decreto-Ley si gana las elecciones. Por su parte, el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, ha recordado que el rechazo al Real Decreto ha contado, desde su adopción, con la oposición de amplios sectores sociales, mientras que UPyD, representado hoy por Toni Cantó, recordó el compromiso de su partido por restituir la sanidad pública a españoles y extranjeros residentes; y Rafael Mayoral, de Podemos, se comprometió a acabar con el apartheid sanitario.
Amnistía Internacional, la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria y la Red de Mujeres Latinoamericanas también criticaron la falta de cobertura sanitaria en los colectivos afectados en representación de las 50 organizaciones sociales que han impulsado y/o apoyan esta campaña.
Tras casi tres años de aplicación del Real Decreto, aprobado el 20 de abril de 2012 como medida urgente para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, organizaciones y plataformas de los ámbitos social, profesional y científico han venido denunciando los impactos del mismo y el incumplimiento por parte del Gobierno español de la legislación internacional de derechos humanos.
Nuestra organización, junto a otras asociaciones sociales, sigue atendiendo a personas inmigrantes en situación irregular con enfermedades graves y/o crónicas a quienes la legislación actual limita a la atención de urgencias como única vía de acceso a la atención sanitaria.
En casi todas las comunidades autónomas todavía se producen casos en los que las mujeres embarazadas encuentran obstáculos administrativos para recibir el seguimiento médico, o menores de edad que ven denegada su tarjeta sanitaria, o personas con la obligación de firmar compromisos de pago por la atención en urgencias.
A tenor de la grave situación actual, la Declaración compromete a los partidos firmantes a incluir en sus programas electorales medidas concretas que, mientras siga en vigor la actual legislación estatal, garanticen el cumplimiento en todas las comunidades autónomas de los supuestos a los que el Real Decreto Ley reconoce el derecho gratuito a la asistencia sanitaria: menores de edad, mujeres embarazadas, solicitantes de asilo y víctimas de trata de personas.
Con esta Declaración, los partidos que la han suscrito (PSOE, CIU, UPYD, IU, BNG, Compromí, ERC, NC, CC, GEROA BAI, AMAIUR, EQUO y Podemos) deberán dar los pasos necesarios para prohibir la exigencia de pago por servicios sanitarios de urgencias, pago que se está aplicando en algunas comunidades a inmigrantes sin tarjeta sanitaria o en situación administrativa irregular.
Estas promesas electorales darán respuesta a la tremenda asimetría en la regulación que han diseñado las comunidades autónomas y que acentúa la desigualdad en el acceso a la salud.
El compromiso refrendado esta mañana tendrá un seguimiento efectivo por parte de las numerosas organizaciones sociales y profesionales que promueven esta iniciativa. Se prevé poner en marcha una campaña que, de cara a las próximas elecciones generales y autonómicas, verifique que las medidas firmadas se conviertan en decisiones reales.
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